Factchequeado | Por Felipe Garrán Jiménez
Si solo tienes unos segundos, lee estas líneas:
El Congreso de Estados Unidos recomendó (sin ser vinculante) que al expresidente Donald Trump (Partido Republicano) se lo procese por 4 cargos de delitos federales por su papel en el asalto al Capitolio de enero de 2021 y porque no fueron auditados correctamente sus procesos tributarios mientras era presidente.
Hay también una investigación federal, bajo orden de juez, en curso por la retención de documentos confidenciales en su residencia personal de Mar-a-Lago, Florida.
En Georgia hay una investigación estatal sobre su papel dentro de una trama que habría conspirado para interferir en los resultados de las elecciones de 2020.
Han pasado 2 años desde que dejó la Casa Blanca, y con las elecciones presidenciales de 2024 en la mira, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump (del Partido Republicano), afronta una serie de investigaciones parlamentarias y judiciales que se iniciaron durante su mandato (2017-2021) o poco después.
A nivel federal, se mantiene en curso la investigación sobre una serie de archivos confidenciales que retuvo en su residencia personal de Florida estando ya fuera de la Presidencia.
En el Congreso se ha cerrado una investigación sobre su papel en el asalto al Capitolio en enero de 2021 a partir de la cual los legisladores han recomendado al Departamento de Justicia (quien ya tramitaba su propia investigación) que procese a Trump por 4 cargos de delitos federales. También han revisado la auditoría a los impuestos que pagó siendo presidente; otros sucesos están siendo investigados en tribunales estatales, como su posible participación en una red para revertir el resultado de las votaciones de 2020 en Georgia.
Además, una de sus empresas, la Trump Organization, ha recibido la multa más alta posible en el Estado de Nueva York.
El profesor de Derecho de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) Rick Hasen explica que “ni siquiera una condena en ninguno de estos casos detendría, legalmente, a Trump de presentarse a las elecciones presidenciales, pero es difícil ver a alguien procesado o condenado ganando la contienda”.
Con ayuda de expertos en distintas ramas del Derecho, en Factchequeado analizamos en qué punto se encuentran estos casos contra Trump, quien anunció en noviembre de 2022 que buscará volver a la Casa Blanca en 2024.
El estado de Georgia lo investigó por interferencia en el resultado de las elecciones del 2020
EL CASO: durante los últimos 2 años, Fani T. Willis, fiscal del distrito de Fulton, Georgia, al cual pertenece la ciudad de Atlanta, ha investigado “un plan pluriestatal, coordinado por el equipo de campaña de Trump, para influir en los resultados de las elecciones de noviembre de 2020 en Georgia y otros sitios”.
El 24 de enero de 2023 un juez debe determinar si se deben hacer públicos los resultados de la investigación.
TIPO: estatal. El caso se tramita en la Corte Superior del Condado de Fulton. Ahí se conformó un Gran Jurado especial. Sin embargo, para establecer cargos judiciales el caso debe ser trasladado a un Gran Jurado ordinario para su revisión y deliberación.
LOS DATOS: el trabajo de investigación y deliberación por parte del Gran Jurado especial concluyó el 9 de enero de 2023; sin embargo, esa información se mantiene resguardada del público.
Entre las personas investigadas están Rudy Giuliani, antiguo abogado de Trump, y David Shafer, director del Partido Republicano de Georgia.
CONTEXTO: la investigación del Gran Jurado especial terminó y las conclusiones están bajo reserva. El 24 de enero está programada una audiencia para que un juez delibere si se harán públicas las conclusiones. Para que pueda iniciarse un proceso judicial en contra de los señalados, el caso debe ser estudiado por un Gran Jurado ordinario.
Richard Lempert, de la Universidad de Michigan, explica que, en su opinión, “este es un caso estatal que, sin importar su resultado, no pasará a ser federal. De cualquier manera, existe la posibilidad de que alerte al Departamento de Justicia sobre que Donald Trump violó leyes estatales y federales en Georgia, lo cual podría llevar a una investigación federal paralela”.
Rick Hasen, de UCLA, analiza que, si hay un caso que podría llegar al Departamento de Justicia de entre los que aún no son investigaciones federales, “sería definitivamente el [de la falsa acusación de] fraude en Georgia”.
ESTADO ACTUAL: el Gran Jurado especial ha deliberado ya; este 24 de enero se decide si las conclusiones se hacen públicas. Para que inicie una causa judicial que pueda derivar en la imposición de cargos, el caso debe conocerlo un Gran Jurado regular.
Documentos confidenciales en la residencia de Trump de Mar-a-Lago: una investigación federal
EL CASO: El 8 de agosto de 2022, el Buró Federal de Investigación (FBI, del inglés Federal Bureau of Investigations) se incautó de 15 cajas con 325 documentos con información clasificada de seguridad nacional, según informó oficialmente en una carta David Ferriero, archivista de los Estados Unidos.
Ese día allanaron la residencia personal de Trump en el complejo privado de Mar-a-Lago, en Florida con el objetivo de recuperar esos documentos, los cuales habían sido identificados como “faltantes” dentro del material que el expresidente debía dejar archivado bajo custodia de la Administración de Registros y Archivos Nacionales (NARA, del inglés National Archives and Records Administration).
TIPO: federal. Un juez de Florida autorizó la orden de allanamiento, luego el fiscal general Merrick Garland anunció que él mismo dio “luz verde” al operativo.
En febrero de 2022, la NARA tuvo que negociar con el equipo legal de Trump para recuperar ese material.
LOS DATOS: Entre los archivos de Trump hallados por el FBI en la residencia de Trump (te lo contamos en esta nota) había 18 documentos calificados como top secret (el nivel más alto de clasificación), 54 marcados como secret (el segundo nivel más alto) y 31 marcados como confidential (el tercer y último nivel de clasificación).
En abril de 2022 aparecieron los primeros reportes de prensa nacional que contaban que había una investigación en curso por parte del Departamento de Justicia al respecto.
CONTEXTO: La Ley de Archivos Presidenciales (Presidential Records Act) de 1978 establece que el material documental tanto del presidente como del vicepresidente de Estados Unidos “son de dominio público”, no de su propiedad. Por lo tanto, al dejar el cargo, están obligados, por ley, a entregarlos a la NARA.
ESTADO ACTUAL: la investigación sigue en curso.
Asalto al Capitolio en enero de 2021: el Congreso recomienda que Trump sea procesado por 4 delitos federales
EL CASO: El ataque ocurrió el 6 de enero de 2021. Cuando se celebraba una sesión conjunta entre las 2 cámaras del Congreso de Estados Unidos para contar los votos electorales de los comicios de 2020, en los que Joe Biden (Partido Demócrata) ganó, una horda de seguidores de Donald Trump irrumpió en el Capitolio de Washington, D.C.
Hubo 5 muertos (un agente de policía entre ellos) y más de 50 detenidos.
TIPO: Los eventos del 6 de enero de 2021 se investigan desde 2 instituciones. Por un lado, hay una investigación parlamentaria. Dentro de la Cámara de Representantes, se conformó un comité específico al que se le encargó la tarea de investigar los hechos ocurridos alrededor de la toma del Capitolio. El 22 de diciembre de 2022 publicaron su informe final con las conclusiones.
Por otro lado, el Departamento de Justicia (DOJ) lleva a cabo su propia investigación, la cual, hasta ahora, no ha involucrado a ningún alto cargo político. Al momento de redactar esta nota, 950 personas han recibido cargos, la mayoría de ellos por traspasar el perímetro del recinto.
Los casos más graves son por resistirse a la policía.
LOS DATOS: Entre los hallazgos, el Comité de la Cámara de Representantes incluye:
Trump diseminó falsos alegatos de fraude sobre las elecciones presidenciales de 2020 para conseguir el apoyo necesario para darle la vuelta a los resultados en su favor. “Estos argumentos falsos provocaron a sus seguidores a actuar con violencia el 6 de enero” [frase literal de la página 4 del resumen ejecutivo del informe final].
A pesar de saber que sería ilegal, Trump presionó al vicepresidente, Mike Pence, para que se rehusara a contar los votos electorales durante la sesión del Congreso del 6 de enero.
Sin ninguna evidencia, y en contra de las leyes estatal y federal, Trump presionó a oficiales estatales y legisladores para que cambiaran el resultado electoral en sus estados.
Basándose en falsos alegatos sobre que las elecciones de 2020 le fueron robadas, Trump citó a decenas de miles de seguidores suyos para que se reunieran y marcharan en Washington, D.C. hacia el Capitolio para “recuperar” el país.
El panel del Comité ha recomendado al Departamento de Justicia que se procese a Donald Trump por 4 cargos de delitos federales:
Incitar, asistir o ayudar a la insurrección.
Romper con un procedimiento oficial.
Conspiración para defraudar a los Estados Unidos.
Conspiración para presentar un falso testimonio al gobierno federal.
CONTEXTO: Kermit Roosevelt, profesor de la Administración de la Justicia en la Escuela de Derecho de la Universidad de Pennsylvania, cuenta a Factchequeado que no hay ningún “precedente de ese estilo en el que una sugerencia del Congreso lleve al Departamento de Justicia (DOJ, del inglés Department of Justice) a investigar, usualmente es el DOJ el que toma la iniciativa”. Sin embargo, el académico explica que “Trump sí tiene una exposición legal significativa a raíz del asalto al Capitolio. El Congreso ha presentado un caso muy fuerte, en el que se lo responsabiliza de instigar y que los hechos fueron algo más deliberado que espontáneo”.
El caso más parecido que el profesor Roosevelt usa como ejemplo es el impeachment que el Congreso de Estados Unidos planteó en contra del presidente Richard Nixon (Partido Republicano, 1969-1974) por el caso Watergate. Sin embargo, su sucesor en la Casa Blanca, Gerald Ford (Partido Republicano, 1974-1977) lo indultó.
Por su parte, Richard Lempert, profesor de Derecho y Sociología en la Universidad de Michigan, dice a Factchequeado que hay investigaciones dentro del Congreso que “han estimulado procesos judiciales”. Y cita como ejemplo al demócrata de Tennessee, miembro por entonces de la Cámara de Representantes, Estes Kefauver, “cuyas indagaciones en los años 50 pusieron el foco sobre la necesidad de atajar el crimen organizado”.
ESTADO ACTUAL: la investigación del Congreso ya concluyó y el Comité fue disuelto. Las conclusiones a las que llegaron, que se trasladaron al DOJ a modo de “recomendaciones”, no son vinculantes, por lo que no están obligados a iniciar ningún proceso judicial a partir de ellas.
La investigación del DOJ que, de momento, no involucra ni a Trump ni a ningún alto puesto, sigue en curso.
Multa para Trump Organization por evasión fiscal en un caso estatal y otras investigaciones tributarias
EL CASO: El 13 de enero de 2023, la Trump Organization, una empresa dedicada a los bienes raíces de lujo y cuyo único propietario es Donald Trump, fue condenada a pagar una multa de $1.6 millones por delitos de fraude fiscal y falsificación de documentos tributarios. Esto fue dictado por un tribunal de la Corte Suprema del estado de Nueva York en Manhattan.
El fallo de culpabilidad por parte de la empresa fue el 6 de diciembre. El tribunal concluyó que la Trump Organization no declaró los pagos a varios de sus directivos pues se hicieron en especie: en lugar de dinero, utilizaron inmuebles y automóviles de lujo.
TIPO: estatal. Es la Corte Suprema del Estado de Nueva York es el escenario en el que se ha llevado a cabo el juicio y en donde se dictó la sentencia.
LOS DATOS: En total son 17 cargos de fraude fiscal y falsificación de documentación tributaria los que se le achacan a la Trump Organization. Estos incluyen, por ejemplo, la concesión de apartamentos en Manhattan a altos directivos de la empresa por los que ellos no debían pagar alquiler, como una forma de pago en especie. Dentro del sistema judicial del estado de Nueva York, la multa más grande que se puede imponer es de, precisamente, $1.6 millones.
Uno de los nombres que más suena entre los ejecutivos beneficiados por tal modalidad de pago en negro es Allen Weisselberg, el exdirector financiero de la compañía que entró a trabajar en ella cuando aún la dirigía el padre de Donald Trump. Weisselberg se declaró culpable de 15 cargos. Se le impuso una multa personal de $2 millones y 5 meses en prisión.
LA TRIBUTACIÓN PERSONAL DE TRUMP: El 20 de diciembre de 2022, el Comité de Medios y Procedimientos (WMC, del inglés Ways and Means Committee) publicó un informe en el que concluye que “el Servicio Interno de Impuestos [IRS, del inglés Internal Revenue Service] no cumplió su obligación de auditar a presidentes y vicepresidentes en el cargo”.
En esta nota de Factchequeado te explicamos los informes del WMC y del Comité Conjunto de Recaudación de Impuestos (JCT, del inglés Joint Committee on Taxation).
Entre los hallazgos está que en 2020, su último año como presidente, Trump no pagó un solo dólar ($0) en impuestos. Además, en 2016 (año electoral) y 2017 (primer año en la Casa Blanca), tan solo tributó, a título personal en impuestos federales, $750 por cada año.
CONTEXTO: Trump tiene 3 empresas registradas como flow-throughs. Esa es una figura que liga directamente las cuentas de una empresa con las de su propietario, de tal manera que las pérdidas reportadas por sus empresas DJT Holdings, DTTM Operations y LFB Acquisition LLC son pérdidas propias, y a partir de ellas se puede acoger, según la ley tributaria, a rebajas fiscales.
La Trump Organization, empresa ya sentenciada a pagar una multa, no está registrada como una flow-through, tiene personalidad jurídica propia. Es por ello que sus pérdidas o ganancias no se vinculan directamente a la figura del expresidente, y la penalización es en contra de la entidad.
ESTADO ACTUAL: el caso de la Trump Organization, a nivel estatal, está cerrado con sentencia. Cuando se dictó que la empresa era culpable, el 6 de diciembre de 2022, el propio Trump avisó que apelarían la sentencia.
En cuanto a la documentación tributaria personal de Trump, las declaraciones de impuestos se hicieron totalmente públicas el 30 de diciembre de 2022. Al ser una investigación dentro del Congreso, sus resultados no son vinculantes. Es decir, no implica automáticamente que el sistema de Justicia lo asuma como parte de ningún proceso.
Casos antes de que fuera presidente: una denuncia por abuso sexual en los ‘90
En 2019, la periodista Jean Carroll acusó a Trump de haberla violado sexualmente en los vestidores de una tienda de ropa del centro comercial Bergdorf Goodman de Nueva York en la década de 1990. La acusación también es por difamación, puesto que el expresidente llegó a decir que tan solo lo “acusaba para vender su libro”.
El juicio está en curso. En enero de 2023 se conoció parte del testimonio por video que Trump dio ante el tribunal a finales de 2022. Medios de comunicación han recogido un fragmento en el que el expresidente declara: "Ella ha dicho que le hice algo que jamás sucedió. No pasó nada. No sé nada de esta loca -dijo, para luego añadir-. En realidad dijo que le encantó. ¿Vale? (...). De hecho creo que dijo que fue sexy, ¿verdad? Dijo que fue muy sexy haber sido violada. ¿No lo dijo?".
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